Una vez más vemos como la alianza entre patriarcado y capitalismo pretende, bajo conceptos de libertad, solidaridad o altruismo, que se justifique una práctica que conlleva a prorrogar el estatus de subordinación y sometimiento del 51% de la ciudadanía del planeta.
El “contrato de úteros” es una de las expresiones más brutales de cómo el dinero convierte los deseos de los ricos en derechos, a costa de los derechos de las pobres. Hacerlo por “altruismo” es realmente un eufemismo que enmascara una práctica comercial. La casi totalidad de las mujeres lo hace por motivos económicos.
El “contrato de vientres o úteros de alquiler” va más allá del contrato de una parte del cuerpo sino de todo un proceso fisiológico como es el embarazo. Ningún trabajo, implica todo un proceso físico y emocional como es la gestación de un ser humano, ante lo cual los hombres deberían callar y dar voz a las mujeres que son las únicas que pueden vivirlo.
Regular esta forma de explotación implica poner a las mujeres a disposición del poder masculino y del mercado en el que se satisfacen los deseos de quienes mandan, su cuerpo, sus capacidades y su sexualidad.
Implica también que, al igual que sucede con el mercado de la prostitución, cuando hay negocio hay trata. Ya existen redes de trata de personas que están ampliando su negocio al de la explotación reproductiva como en Tailandia y Nigeria.
No obstante, sí se ha de legislar porque a pesar de estar prohibida en España y de que no se reconocen los contratos realizados por españoles en el extranjero, existe una forma legal de inscribir a las personas menores nacidas por esta técnica para evitar su desprotección. Por ello se debería dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, hasta los celebrados en el extranjero, debiendo sancionarse las agencias que se dedican a esta actividad.
A nivel internacional es necesario un marco regulatorio que prohíba estos contratos de gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y de las personas menores y por supuesto es fundamental asegurar una transición segura para evitar la desprotección de las niñas y niños.
Como partido comunista y feminista, por principios y convicciones, nos oponemos a regular los vientres de alquiler porque nos oponemos a la mercantilización del cuerpo de las mujeres y a permitir que una mujer pobre y vulnerable sea explotada a través de redes de trata o por empresas intermediarias y de personas con suficiente poder adquisitivo para comprar su dignidad humana y su descendencia, sus hijas e hijos.
