Recomendaciones del Parlamento Europeo sobre los «bebes robados» durante el Franquismo

RECOMENDACIONES
a raíz de la visita de información realizada en España del 22 al 23 de mayo de 2017

Comisión de Peticiones
Miembros de la misión:
Jude Kirton-Darling (S&D) (jefa de la misión)
Julia Pitera (PPE)
Michela Giuffrida (S&D)
Tatjana Ždanoka y (Verts/ALE)
Eleonora Evi (EFDD)

Diputados acompañantes:
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)
Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

Recomendaciones
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Comisión de Peticiones presenta las siguientes recomendaciones a las autoridades nacionales responsables:

1. Lamenta el abandono, la indefensión y la falta de investigación satisfactoria por parte de las autoridades públicas que los peticionarios, víctimas y asociaciones de víctimas afirman haber sufrido hasta ahora; pide a las autoridades españolas que se comprometan a entablar de manera oportuna un diálogo reforzado y continuado con los peticionarios y las asociaciones de afectados;
2. Recomienda la creación de una fiscalía especial para hacer frente a todos los casos de supuestos robo y adopción ilegal de recién nacidos;
3. Pide que la Fiscalía General del Estado sea más proactiva, actuando de oficio en estos casos, a fin de evitar que la carga del proceso judicial recaiga sobre las víctimas;
4. Señala que el Estado español está obligado a cumplir plenamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; considera, por lo tanto, que el Estado español debe garantizar, en el caso de los niños robados, un enfoque institucional y la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la total coherencia del marco jurídico nacional con las obligaciones derivadas del Derecho internacional;
5. Considera que el Estado español debe ratificar la Convención de la Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y reconocer los delitos cometidos en relación con los casos de niños robados como crímenes de lesa humanidad;
6. Se muestra firmemente convencido de que tanto los posibles delitos relacionados con los casos de los niños robados acontecidos durante la dictadura franquista como los acaecidos posteriormente deben investigarse de manera efectiva y eficaz y de que no debe aplicarse ninguna amnistía al respecto; pide, por lo tanto, a las autoridades españolas que adopten las medidas legislativas y judiciales necesarias para invalidar toda interpretación del Derecho nacional que esté en discordia con el logro efectivo de dicho objetivo;
7. Pide que exista un protocolo claro sobre qué autoridades son responsables de investigar los casos de las víctimas residentes en otro Estado miembro de conformidad con el artículo 17 de la Directiva sobre los derechos de las víctimas, y pide una mayor cooperación entre todas las autoridades interesadas;
8. Pide a Interpol que haga un seguimiento del trabajo realizado por las autoridades de investigación en los casos transfronterizos;
9. Insta a las autoridades españolas a que determinen y apliquen soluciones administrativas y jurídicas específicas con carácter prioritario y urgente, en coordinación con víctimas y asociaciones, incluyendo ayudas para cubrir sus gastos jurídicos, para que se lleve a cabo una investigación de oficio del robo de recién nacidos, tal como lo describen los ciudadanos de la Unión en sus peticiones al Parlamento Europeo, y se proporciones un apoyo proactivo a las víctimas;
10. Hace hincapié en la necesidad de que las autoridades españolas refuercen los cauces directos de participación y diálogo con las víctimas y sus asociaciones, para atender a la necesidad de encontrar una solución mediante una interlocución efectiva que aumente la confianza de las víctimas en futuras investigaciones;
11. Recuerda que este problema tuvo lugar principalmente en el período comprendido entre los años 1940 y 1992, tal y como se observa en las peticiones y denuncias registradas; recomienda al Gobierno español que reconozca la implicación y/o permisividad del Estado durante la dictadura franquista en el robo sistemático de bebés y adopciones ilegales como primer paso para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación como garantías para la no repetición;
12. Insta a las autoridades españolas a adoptar inmediatamente las medidas necesarias para comprometer al Gobierno en el suministro de recursos y la adopción de medidas para ayudar a resolver todos los supuestos casos de robo de bebés y adopción ilegal y aumentar su compromiso iniciando campañas de información que incluyan la utilización de las redes sociales, con el fin de concienciar a todos los implicados sobre la necesidad de colaborar y trabajar lo más estrechamente posible con las asociaciones de víctimas;
13. Recomienda que se desarrolle un banco nacional de ADN, público y específico, accesible especialmente para estos casos, con objeto de permitir el cruce de información sobre las víctimas para ayudarlas a encontrar a sus verdaderas familias; pide que se garantice la gratuidad de las pruebas de ADN, también a través del Instituto nacional de Toxicología, para todos los supuestos casos de bebés robados denunciados, sin necesidad de requerimiento judicial o fiscal y con la participación y/o supervisión de técnicos representantes de las asociaciones de víctimas legalmente constituidas;
14. Recomienda tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la identificación de los recién nacidos y el establecimiento sin ningún género de dudas de la filiación materna, a través de la realización de las pruebas médicas, biométricas y analíticas necesarias;
15. Lamenta los «pocos avances» en la implementación por parte del Gobierno español de las recomendaciones recogidas en el Informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 2014, y pide al Gobierno español que aplique con urgencia las recomendaciones, en particular, la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas;
16. Recomienda mejorar la dotación de la Oficina de Atención del Ministerio de Justicia que asesora a los afectados por la posible sustracción de recién nacidos y que se garantice que las víctimas cuenten con el firme compromiso de las autoridades españolas de hacerse cargo de los gastos de apoyo psicológico, orientación jurídica, protección social y acceso a la información administrativa, teniendo en cuenta la
    Directiva 2012/29/UE sobre los derechos de las víctimas;
17. Acoge con satisfacción la decisión de algunos Parlamentos regionales (como el de
    Navarra) de ofrecer asistencia jurídica gratuita a las víctimas y recomienda que el Gobierno español adopte los mecanismos y medidas legislativas similares necesarios a nivel nacional para que todos los ciudadanos y todas las familias afectadas puedan recibir un apoyo y una protección similares en todo el territorio nacional, incluida la obtención del acceso a la justicia gratuita y el tratamiento exhaustivo de sus denuncias en todos los casos;
18. Toma nota de las orientaciones y medidas concretas emitidas en las proposiciones no de ley aprobadas por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados sobre la investigación del robo de recién nacidos y el apoyo a las víctimas de robo de bebés, el 5 de abril de 2016 y el 10 de junio de 2014;
19. Celebra que en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se haya acordado entre los grupos políticos destinar 100 000 euros del presupuesto del Ministerio de Justicia que deberán servir, con datos comprobados analíticamente, para mejorar la gestión y la resolución de las denuncias de los afectados; también señala el acuerdo alcanzado mediante una enmienda transaccional que destaca un compromiso expreso para crear una plataforma tecnológica para la atención de los afectados y para ayudar a la investigación de perfiles genéticos;
20. Acoge con satisfacción las orientaciones dadas por la Fiscalía General del Estado en su Circular 2/2012 sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos y recomienda al Consejo General del Poder Judicial el estudio de una posible unificación de criterios para evitar la prescripción de estos delitos; recomienda que se garantice y se facilite el acceso a la documentación de los registros civiles y de los antiguos registros hospitalarios de nacimientos;
21. Insta a las autoridades españolas a que garanticen un apoyo psicológico gratuito permanente a las víctimas mediante el recurso a los profesionales adecuados;
22. Pide la protección total y efectiva de quienes han sufrido el secuestro y la adopción ilegal de bebés conforme al Estatuto de la víctima del delito, tanto de los padres como de los niños identificados, incluido el derecho a una compensación por parte del Estado, teniendo en cuenta la Directiva sobre los derechos de las víctimas;
23. Destaca la necesidad de que las autoridades eclesiásticas reconozcan su posible implicación en la sustracción de bebés y adopciones ilegales y pidan perdón a las víctimas; insta a las autoridades eclesiásticas a que colaboren de una manera proactiva y más eficaz con el Ministerio de Justicia y pongan a disposición de las víctimas tanto los archivos parroquiales como los archivos de las congregaciones religiosas a fin de agilizar las investigaciones de los jueces y favorecer posibles reencuentros;
24. Se congratula de las disculpas ofrecidas por la Iglesia católica a las mujeres víctimas de adopciones forzadas en el Reino Unido, y anima a un reconocimiento similar de las víctimas en España;
25. Recomienda que se cree finalmente sin demora una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que contribuya a un mejor conocimiento del problema, evalúe si los resultados del INTCF son representativos, establezca si esto fue obra de
    unos individuos sin escrúpulos o de una red de trata institucionalizada y proponga medidas de mejora que favorezcan el esclarecimiento de los hechos, a fin de evitar que una situación parecida pudiera repetirse en el futuro; considera que deben formar parte de la comisión las asociaciones de víctimas, el Ministerio de Justicia y la Organización Médica Colegial;
26. Considera de vital importancia la creación de una unidad judicial especializada, dotada de los recursos financieros y policiales necesarios, dedicada a la investigación de los supuestos casos de niños robados;
27. Pide la creación de una unidad judicial para la realización de las investigaciones ad hoc, habida cuenta, también, de las numerosas denuncias que se refieren a episodios que presentan las mismas características;
28. Subraya que múltiples comprobaciones permiten reconocer el carácter asociativo y sistémico de los actos llevados a cabo en relación con los casos de niños robados; pide a las autoridades españolas que realicen todas las actividades de investigación de manera exhaustiva teniendo plenamente en cuenta todas las denuncias y las pruebas documentales correspondientes presentadas en ese sentido por los ciudadanos interesados;
29. Resalta la importancia de que el Gobierno español colabore y coopere plenamente con las investigaciones internacionales que están abordando la sustracción de bebés y adopciones ilegales, en particular, la Causa 4591/2010 a cargo de la jueza argentina María Servini de Cubria y la investigación abierta recientemente por la Procuraduría General de la República de México;
30. Hace un llamamiento a la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para que, en el marco de sus competencias, investiguen y hagan un seguimiento efectivo de la posible violación de los derechos de las víctimas de desapariciones forzosas o involuntarias por parte de las autoridades españolas;
31. Encarga a la presidenta de la Comisión de Peticiones que envíe este informe a todos los peticionarios y asociaciones de víctimas de robos de bebés y adopciones ilegales legalmente constituidas, a la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior, a la
    Comisión Europea, al Defensor del Pueblo Europeo, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al Gobierno de España, a los Gobiernos autonómicos del Estado español, al Defensor del Pueblo español y al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Opinión minoritaria del Grupo PPE

El Grupo PPE respalda el derecho a una investigación judicial independiente y eficaz para las víctimas de la sustracción de bebés en España.

Apoyamos que se conceda a todas las víctimas la gratuidad de las pruebas de ADN; pedimos a la Iglesia que haga sus archivos accesibles a las familias afectadas; respaldamos la decisión de aumentar considerablemente la financiación de la oficina del Ministerio de Justicia que proporciona apoyo a las víctimas y apoyamos la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, en respuesta a las reclamaciones de los peticionarios.

Dado el carácter muy sensible de esta visita de información, estamos convencidos de que el informe debe ser equilibrado y estar basado en datos. Por eso habíamos apoyado el proyecto de informe original de la presidenta de la delegación.

Lamentamos que el informe final concluya en sus recomendaciones que esos delitos fueron cometidos por el Estado español, como se afirma en las enmiendas 23 y 74 presentadas por el Grupo GUE/NGL. Subrayamos que no existen pruebas para llegar a esa conclusión.
Lamentamos la impresión de que esas afirmaciones sirven a sacar un rédito político interno.
Insistimos, por último, en que corresponde a las autoridades judiciales, y no a la Comisión de Peticiones, descubrir si esos delitos fueron cometidos por personas aisladas o por una red de traficantes institucionalizada.