Resolución del Secretariado del PCE
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, supone el primer paso para revertir la política de recortes de derechos sociales y civiles llevados adelante por los gobiernos del Partido Popular en los últimos años. El Acuerdo alcanzado no incluye únicamente aspectos presupuestarios o tributarios, sino también la modificación de distintas leyes, entre ellas la Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal.
Plenamente conscientes de no ser el acuerdo que habría querido el PCE y de que sus contenidos son insuficientes para revertir drásticamente las políticas neoliberales ejecutadas por el PSOE y el PP en las últimas décadas y las trágicas consecuencias que estas han tenido en las clases trabajadoras, se trata de un primer paso que por primera vez en años abre perspectivas de mejora de las condiciones de vida y las libertades públicas de nuestro pueblo. No es casualidad la contundente oposición y descalificación a este acuerdo por parte de el PP y de Ciudadanos.
Saludamos la implicación de Izquierda Unida -y a través de ella, del PCE- en el proceso de negociaciones y en especial en la elaboración de las propuestas en materia de política tributaria e ingresos fiscales, libertades públicas, empleo, pensiones y vivienda, muchas de las cuales han quedado reflejadas en el Acuerdo alcanzado.
Entre los puntos positivos del Acuerdo destacamos el incremento de la tributación a las empresas, la subida del SMI desde 736€ a 900€, el incremento de los presupuestos para dependencias y contra la violencia de género, las medidas de protección a los arrendatarios de vivienda y control de los precios de los alquileres, la equiparación de los permisos de maternidad para los dos progenitores, la subida de las pensiones conforme al IPC real, limitaciones a subcontratación laboral y la contratación temporal, incremento de presupuesto para escuelas infantiles, modificación de la Ley Mordaza eliminando las reformas represivas acordadas por el PP y la despenalización de los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos o contra el derecho de huelga, entre muchas otras.
Entre los puntos negativos, la imposibilidad de acordar un Impuesto a la banca, de garantizar la prevalencia del convenio colectivo de sector sobre el convenio de empresa, o de dejar sin efecto la regla de gasto que amputa la soberanía de las instituciones democráticas.
No obstante, el Acuerdo alcanzado entre UP y el Gobierno no implica la entrada en vigor automática de estas medidas. Su aprobación dependerá de la construcción de una mayoría parlamentaria suficiente, y sabemos que algunas fuerzas políticas que contribuyeron a crear la mayoría que posibilitó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP, han defendido y aplicado políticas económicas y sociales de carácter neoliberal así como importantes recortes del gasto público.
La izquierda trasformadora, el PCE, la clase obrera en general no tiene capacidad en estos momentos para poner en marcha una alternativa real que mejore el Acuerdo sobre PGE2019 alcanzado entre UP y el Gobierno. La dificultad de construir una mayoría parlamentaria que lo apoye, nos pone ante dos disyuntivas perjudiciales para los interese de la clase trabajadora: o su modificación a la baja durante la tramitación parlamentaria, o el rechazo parlamentario del Presupuesto 2019 acordado, que supondría la prórroga automática de los Presupuestos del 2018 aprobados por Rajoy. Esta última opción, supondría probablemente la imposibilidad de agotar la actual legislatura y acudir de inmediato a elecciones generales anticipadas.
Por el contrario, la plasmación en la Ley de Presupuestos del Acuerdo alcanzado permitiría un incremento de los ingresos fiscales y del gasto social, mejorando sustancialmente las condiciones de vida de los más débiles y de los excluidos, de la clase trabajadora en su conjunto, y nos permitiría a las fuerzas políticas que integran Unidos Podemos continuar trabajando para que los Presupuestos Generales del Estado de 2020 continúen por la senda que ahora se ha iniciado.
Frente a estas alternativas, no cabe duda de que necesitamos organizar y garantizar en las calles el cumplimiento de este PGE 2019, así como continuar la lucha por el fin de los recortes y de las políticas neoliberales y por la recuperación de las libertades públicas amputadas en estos años por los gobiernos neoliberales y de derechas. Es trascendental conseguir que las movilizaciones del próximo 24 y 27 de octubre contra los recortes y por una vida digna sean un éxito y demuestren la fuerza del pueblo organizado y su apoyo al acuerdo alcanzado. El paso dado es importante y se ha conseguido con un grupo parlamentario de fuerzas plurales antineoliberales de apenas 71 escaños, el 20% del Parlamento.
Nuestro reto es conseguir una presión constante en las calles para garantizar el fin de las políticas neoliberales, y a la vez para conseguir mayor apoyo popular a las candidaturas de Unidad Popular, a la Convergencia, tanto en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas como en las próximas elecciones generales cuya fecha exacta ignoramos. Nuestra aspiración no es ser influyentes respecto a un gobierno del PSOE, sino alcanzar mayorías suficientes para gobernar España y así dar un paso más en nuestra lucha por alcanzar el poder político real, para lo que imprescindiblemente necesitamos a nuestro pueblo organizado en las calles, en los conflictos, en los centros de estudio y trabajo, impulsando los cambios históricos necesarios para acabar con la dictadura del capitalismo financiero y recuperar nuestra soberanía popular.
Madrid a 15 de octubre de 2018
