En el pleno del Parlamento Vasco celebrado este jueves, el parlamentario de Ezker Anitza-IU y portavoz adjunto de Elkarrekin Podemos, Jon Hernández, ha denunciado que las obras del TAV se han caracterizado por una gran precariedad laboral, que ha llegado a lo “absolutamente inaceptable”: “jornadas de trabajo que exceden en mucho lo permitido por la normativa laboral y los convenios colectivos, ritmos de trabajo brutales y presiones a los trabajadores motivadas por la necesidad de cumplimientos de plazos por parte de las empresas contratistas y subcontratistas.
Hernández ha destacado que se han aplicado salarios por debajo de lo correspondiente y se han violado “de manera constante” derechos laborales, tales como el disfrute de vacaciones, las jornadas y periodos de descanso y el derecho a la libertad sindical. “Existen prácticas constantes de fraude en la contratación e incumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social, o con las indemnizaciones por despido o por finalización de contrato”, ha añadido, “por no hablar de la obligación de realizar tareas no correspondientes a la categoría o sin la formación oportuna, lo cual ha costado más de una vida en las obras del TAV”. Según el parlamentario de Ezker Anitza-IU, todo ello, junto a unas condiciones de trabajo de por sí ya precarias, han supuesto una alta siniestralidad y un evidente alto grado de inseguridad y falta de salud laboral.
Estamos ante una infraestructura que supone a las arcas públicas miles de millones de euros y que “generan cuantiosos beneficios privados para las empresas contratistas”. Por esta razón, es “especialmente inadmisible” que unas obras públicas de tan alto coste económico se estén caracterizando por “las condiciones precarias para las y los trabajadores y las constantes violaciones de los más elementales derechos laborales”, ha subrayado Hernández, “la gestión realizada en estas grandes obras en nuestro país se ha demostrado perversa y con nefastas consecuencias para este colectivo; una contratación pública con criterios económicos destinados exclusivamente a minimizar coste en las empresas contratistas a costa de exprimir a las y los trabajadores”.
Hernández ha dicho que estamos ante una práctica que no es exclusiva de las obras del TAV, pero que ha sido “evidente” en unos trabajos que mueven miles de millones de euros; con sobrecostes cuantiosos, con la participación de multitud de empresas, uniones temporales de empresas, contratistas, subcontratistas, sucesiones de empresas, etc. “Una práctica a la vista de todas y todos, en unas obras sujetas a intereses políticos, a necesidades propagandísticas de gobiernos y partidos y, por supuesto, a grandes intereses económicos”, ha añadido.
Prácticas habituales de subcontratación “perversa”, ha destacado Hernández, con los mismos objetivos de explotación laboral, sucesiones de empresas para burlar las obligaciones patronales, incapacidad pública para hacer cumplir los convenios colectivos por parte de las contratistas y una gran descoordinación en materia de prevención de riesgos laborales, con las más terribles consecuencias.
El parlamentario de Ezker Anitza-IU ha recordado que estas “nefastas” prácticas han quedado demostradas a través de cientos de denuncias sindicales ante la autoridad laboral y las instituciones públicas. “Denuncias que han sido negadas durante mucho tiempo por algunos partidos políticos, por las empresas de la construcción y por la administración pública”, ha precisado.
El Parlamento debe exigir al Gobierno Vasco la toma de medidas especiales, pero tan sencillas como hacer dos diagnósticos concretos, específicos, en profundidad, sobre las condiciones reales en las que se trabaja en estas obras, ha dicho Hernández. “¿Por qué se rechaza esto? ¿Hay miedo a realizar un diagnóstico sobre las condiciones de trabajo reales en estas grandes obras? ¿a alguien le da miedo que la opinión pública conozca su resultado?”, ha cuestionado.
Según Hernández, es necesario que el ejecutivo vasco analice con las centrales sindicales cómo conseguir minimizar las subcontrataciones y cadenas de contratación que son una de las principales herramientas empresariales para burlar las obligaciones en materia laboral. “El Gobierno tendría que poner todo de su parte para que fueran las mínimas posibles, pero lo cierto es que hoy son la norma y no se pretende hacer nada al respecto”, ha afirmado, “al contrario, se facilita y fomenta; no atender esta petición es reforzar los argumentos de desconfianza ante la impunidad con la que los abusos cuentan en esta obra por razones de intereses políticos”.
