El Tribunal Supremo ha impuesto a Izquierda Unida (IU) y al Partido Comunista de España (PCE), además de a la Asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (FAI-RADE), una fianza de 12.000 euros “para el ejercicio de la acción popular” en la querella que presentaron conjuntamente el pasado 5 de diciembre ante la Sala Segunda de lo Penal contra el ex jefe del Estado y actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos.
El Alto Tribunal no ha decidido aún la admisión o no a trámite de esta querella, aunque ha abierto la Causa Especial 21092/2018 y sí ha acordado la “competencia para el conocimiento” de la misma de la Sala Segunda.
Del mismo modo, en la diligencia trasladada esta semana a los querellantes y conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno del Supremo, “se acuerda que la Sala que ha de resolver sobre la competencia y ulteriores diligencias que puedan presentarse en esta causa” esté compuesta por el propio presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez, como ponente, más otros/as cuatro magistrados/as: Francisco Monterde Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García.
La querella del PCE e Izquierda Unida va dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, a su amiga especial y empresaria comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía detenido José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
En el texto se imputan hasta 13 supuestos delitos, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
La decisión que deben tomar a partir de hora los/as cinco magistrados/as del Tribunal Supremo dentro de esta causa especial va a coincidir en el tiempo con otras actuaciones judiciales ya en marcha, entre ellas la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el pago de supuestas comisiones multimillonarias en Arabia Saudí por las obras de construcción del trazado del AVE a La Meca.
En el texto de la querella de IU y el PCE pendiente de decisión se hace una relato pormenorizado de estos hechos, tal y como fueron recogidos por los medios de comunicación a raíz de las conversaciones desveladas que mantuvieron en su momento Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el empresario Juan Villalonga y el polémico comisario José Manuel Villarejo.
La amiga íntima de Juan Carlos de Borbón explica en esas grabaciones, según lo publicado, que el actual rey emérito y entonces jefe del Estado exigió y habría cobrado una parte sustancial de esas suculentas comisiones que, según se recoge en las conversaciones, habrían ascendido en su totalidad a cerca de 100 millones de euros.
