Enrique Santiago, Secretario General del PCE y Jon Hernández, Secretario del Partido en Euskadi y Navarra han manifestado que la Audiencia Nacional ha vuelto a “dictar una sentencia injusta y contradictoria en el caso de los jóvenes de Altsasu, al mantener condenas de hasta 13 años de prisión a pesar de entender que no se trata de delitos de terrorismo, como era evidente para casi todo el mundo”.
El PCE y su organización comunista en Euskadi y Navarra, el PCE-EPK han criticado duramente la sentencia del caso Altsasu conocida esta mañana. En opinión de los responsables del PCE la Audiencia Nacional ha utilizado “el agravante por discriminación ideológica de forma desproporcionada como excusa para poder mantener penas elevadas ante el escándalo que habría supuesto una condena por delito de terrorismo”, por unos hechos circunscritos a un contexto de trifulca de bar en medio de las fiestas patronales
El PCE y el EPK consideran que la sanción es absolutamente desproporcionada con varias penas superiores a diez años de prisión cuando ha quedado acreditado que no ha habido lesiones graves ni hubo peligro para la vida de ningún agredido y que las acusaciones de terrorismo eran una mera farsa con mas intención propagandística que sustento jurídico. En opinión del PCE este caso ha sido utilizado políticamente, pretendiéndose allanar el camino para utilizar en el futuro la agravante de discriminación ideológica para castigar la disidencia política.
La mera comparación de esta condena con la puesta por los tribunales por la agresión fascista padecida por el ahora Secretario General del PCE y otros miembros de IU en el mitin de cierre de campaña de las Elecciones Europeas en mayo de 2014 de Izquierda Unida en Tenerife, pone de manifiesto la desproporción de la actuación de los tribunales según quien sea la victima. El agresor en Tenerife, responsable de varias lesiones físicas de gravedad, fue condenado a 1 mes y 15 días de detención -aun no cumplida- a pesar de aplicarles también el agravante de discriminación ideológica.
Para el secretario general del PCE, Enrique Santiago, la sentencia del caso de Altsasu es «claramente desproporcionada e injusta y aplica el derecho penal del enemigo», muestra la doble vara de medir de un poder judicial que nunca fue debidamente democratizado tras el franquismo. Santiago ha solicitado el indulto para los ocho condenados y ha señalado la importancia de revertir la reforma del Código Penal del PP.
El responsable del PCE-EPK, Jon Hernández por su parte ha querido señalar que el agravante por discriminación ideológica no se hubiera utilizado si los agredidos hubieran sido militantes de izquierdas como tantas veces se ha visto, pero se habían propuesto poner penas altas y había que buscar algún argumento”.
