El pasado 19 de septiembre de 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que con la pretensión supuesta de defender la importancia de la memoria histórica, criminaliza el comunismo y emplaza a una ofensiva sin precedentes contra los lugares de reconocimiento de las luchas antifascistas. Ahora es el señor Iñaki Iriarte de Navarra Suma (el de la famosa comida requeté en Leitza), el que pretende que el Parlamento de Navarra haga suya esa bochornosa resolución.
La citada resolución, a través de una lectura muy peculiar de los hechos que condujeron a la II Guerra Mundial, equipara los crímenes del nazismo con los supuestos “crímenes del estalinismo”, según los términos utilizados en la resolución del Parlamento Europeo.
Como cuestión previa, el régimen nazi no puede equiparse a ningún otro régimen político habido en la Historia de la Humanidad, dado que es el único que ha teorizado y puesto en práctica el exterminio industrial de colectivos humanos.
Según la resolución, la II Guerra Mundial fue resultado directo del conocido pacto Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la Unión Soviética “que compartían el objetivo de conquistar el mundo”. Con esta lapidaria interpretación oficial de un escenario político-diplomático tan complejo como el previo al estallido de la guerra, la resolución elude cualquier mención a tres hechos relevantes que no deben ser obviados al valorar responsabilidades y promover el necesario desarrollo de una memoria histórica democrática:
En el caso de nuestro país, el acuerdo de no intervención de las potencias capitalista-liberales con las nazi-fascistas en la guerra de agresión frente a la democrática II República Española, en la práctica garantizó la victoria franquista. Y a su vez, debemos recordar que fue la Unión Soviética el único país europeo que apoyó al legítimo gobierno de España.
En segundo lugar, fueron las grandes potencias capitalistas de Francia y el Reino Unido quienes permitieron la anexión de Austria, pactaron en Múnich con el régimen nazi la desmembración de un Estado soberano como Checoslovaquia; las mismas potencias que rechazaron los esfuerzos de la diplomacia soviética por alcanzar alianzas para frenar el expansionismo nazi.
Por último, la resolución del Parlamento Europeo, no hace mención alguna de las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam, por citar las más conocidas, así como la puesta en marcha de mecanismos internacionales como la ONU en la postguerra, que establecieron un conjunto de directrices y normas en la resolución de los conflictos fronterizos y el reconocimiento de Estados, así como tampoco menciona el sufrimiento del pueblo soviético durante la agresión nazi y sus consecuencias: 20 millones de muertos y la práctica destrucción de las zonas invadidas del país. Ignorarlo, como hace la resolución, cuestiona principios básicos de Derecho Internacional y acuerdos en los que participaron los Estados miembro de la UE.
Con todo, lo más grave de la resolución es el ejercicio de desplazamiento terminológico que equipara el nazismo al comunismo y estalinismo -cuando con este último término se define el proceso de construcción del socialismo en la URSS durante el periodo en el que el máximo dirigente fue Stalin, quien tuvo que hacer frente a la agresión del nazifascismo-, para llegar torticeramente a la conclusión establecida en el Considerando F de la misma, donde señala “que, en algunos Estados miembros, las ideologías comunista y nazi están prohibidas por ley”, como un elemento positivo.
Además, la resolución hace un llamamiento a eliminar de los espacios públicos la terminología, los monumentos y los lugares conmemorativos, en definitiva todo aquello que facilite “la distorsión de los hechos históricos sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del sistema político totalitario”; este eufemismo encubre una intención clara de borrar las huellas de las resistencias populares que vencieron la barbarie nazi-fascista, imponiendo un peligroso relato oficial anticomunista y antidemocrático acorde con los intereses de las oligarquías neoliberales de la UE.
La intención de esta resolución no tiene ningún interés real en desarrollar la memoria democrática en la UE; en realidad está claramente dirigida a criminalizar el comunismo, pero que ahora es perseguida porque cuestiona el régimen actual impuesto desde la UE; máxime en este momento, cuando se anuncia una crisis económica, todo el interés de quienes han aprobado esta resolución es desacreditar cualquier proyecto alternativo que cuestione el modelo neoliberal que está generando un profundo malestar.
Frente a este peligroso e intencionado revisionismo, las comunistas recordamos de forma orgullosa que sin la victoria soviética en Stalingrado, considerada como la batalla más sangrienta de la Historia de la Humanidad y a su vez principio del fin del nazismo, el devenir histórico del continente europeo hubiera sido otro mucho más oscuro.
Sin antifascismo no hay ni memoria democrática ni futuro de derechos y libertades en la UE. Con anticomunismo no hay democracia ni proyecto europeo alguno. Defender el patrimonio de las luchas antifascistas y enfrentar cualquier retroceso que se quiera imponer desde la UE es un deber para cualquier demócrata.
Isabel Burbano y Carlos Guzmán,
Secretaria Política y Secretario de Organización del PCE-EPK Navarra.
