La actual situación de Estado de alarma es una medida necesaria y acertada, que debe ir acompañada de una estrategia pública que garantice el bienestar de las personas dependientes, mayores y menores. La actual situación con el cierre de los centros educativos y los centros de día para personas mayores junto a la especial vulnerabilidad de las personas mayores hacen necesario un plan público de cuidados para atender a toda la población que lo necesita.
Para ello es imprescindible que se articule un plan o estrategia pública que utilizando las herramientas existentes y poniendo en marcha aquellas nuevas que se consideren necesarias pueda cubrir todas las necesidades que se han disparado con la actual situación de excepcionalidad. Coordinando dentro del plan a las redes comunitarias o voluntarias que puedan existir, garantizando los protocolos y la seguridad de trabajadores y voluntariado de ser necesario. En estos momentos las centrales sindicales están denunciando la falta de equipamientos de protección individual en muchos sectores de cuidados y las consecuentes e inaceptables garantías de seguridad para trabajadoras y personas.
Se debe en primer lugar reforzar y dimensionar los Servicios municipales de Ayuda a Domicilio para cubrir el aumento de las necesidades, incluyendo en el mismo a todas las personas mayores que lo soliciten.
Así mismo se deben poner en marcha medidas para garantizar los cuidados de menores en los domicilios de aquellas familias que no puedan atenderlos, poniendo en marcha una red pública de cuidados organizada desde las administraciones públicas.
En tercer lugar es necesario incluir la coordinación entre las instituciones para garantizar la atención a personas sin techo y migrantes, garantizando su salud, seguridad, alojamiento y necesidades básicas.
Además exigimos a las administraciones públicas a que faciliten permisos retribuidos para garantizar los cuidados de las personas dependientes, mayores y menores. Se debe extender a todos los y las trabajadoras el derecho reconocido a los empleados públicos para que las ausencias en el trabajo por cuidados en esta situaión sean consideradas causas de fuerza mayor.
La gestión de esta crisis no puede abordarse desde planteamientos neoliberales que priman los intereses individuales por encima de los comunes. Ante la especial situación que vivimos las autoridades públicas deben garantizar que toda la población tenga atendida sus necesidades básicas.
