La mayoría del Parlamento Vasco rechazó ayer con los votos de PNV, PSE, PP-Cs y VOX la iniciativa defendida por Jon Hernández, Secretario General del PCE-EPK para que el Parlamento rechazase los despidos y recortes anunciados en varias empresas industriales que han tenido beneficios millonarios en los últimos años y para que el Gobierno Vasco intervenga en la planificación de la industria vasca condicionando toda ayuda y participación pública en empresas a la participación en la toma de decisiones en las mismas.
En el transcurso del debate se ha suscitado una confrontación entre Hernández y la única parlamentaria de vox en la cámara vasca que nada más tomar la palabra ha espetado al parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU: “¿han trabajado alguna vez en la vida? ¿Han cotizado a la seguridad social? ¿Han trabajado en la empresa privada o han sido autónomos para entender todo esto?”
“Existe la lucha de clases”
Cuando ha llegado el turno del parlamentario Comunista, Jon Hernández (Izquierda Unida), la réplica no se ha hecho esperar: “toda la vida llevo haciendo lo mismo que hizo mi difunto padre, mi madre, mi abuelo y mi abuela, trabajar toda la puta vida, ¿me entiende usted? Y estoy seguro que en mi grupo parlamentario también”.
Visiblemente molesto con las palabras de la representante de Vox, Hernández le ha pedido que no lance esas acusaciones a su partido. “Si de algo estamos orgullosos es de ser clase trabajadora, existe la lucha de clases y usted lo ha demostrado hoy aquí”, ha concluido entre aplausos de su bancada.
Elkarrekin Podemos IU ha presentado una iniciativa con la intención de que el Parlamento Vasco se comprometa “con el mantenimiento del empleo y el respeto a las condiciones laborales en la industria de nuestro país”. Esta iniciativa surge tras los anuncios de despidos masivos realizados durante los últimos meses por parte de importantes empresas de Euskadi.
En opinión de Jon Hernández, la pandemia ha sido aprovechada por las empresas como justificación para plantear despidos, bajadas salariales o empeoramiento de las condiciones de trabajo “algo nada novedoso ya que es el argumento de siempre”. A pesar de las medidas aprobadas por el Ministerio de Trabajo y los esfuerzos que ha realizado toda la población en estos meses, diversas empresas arraigadas en la CAV (Tubacex, ITP, Aernnova, Alestis…) que “se encuentran lejos de situaciones críticas” al haber presentado balances positivos de millones de euros en los últimos años “anuncian medidas traumáticas para las y los trabajadores buscando ahorrar costes en mano de obra para mantener beneficios”.
Elkarrekin Podemos–IU ha denunciado el “declive, abandono y pérdida de peso de la industria vasca durante las últimas décadas”, a pesar de que Euskadi, mantiene aún una estructura productiva que la diferencia de otros territorios que dependen más de sectores como el turismo y cuyas economías han sido más castigadas por la crisis sanitaria. “Por esta razón, los anuncios de despidos por centenares de trabajadores en empresas industriales que se han ido conociendo este verano deben preocuparnos y ocuparnos. Desde luego a Elkarrekin Podemos-Izquierda Unida nos preocupan y nos ocupan. Y pretendemos que este parlamento pueda servir de apoyo a las y los trabajadores en una lucha que van a tener que dar y que ya están dando de la mano de sus sindicatos de clase”.
Hernández ha criticado que durante la campaña electoral todos los partidos hayan reafirmado la importancia de potenciar y recuperar la industria como motor de la economía vasca y como herramienta para la generación de empleos de calidad pero que, una vez pasada la cita electoral, “nos encontramos que ante los anuncios de grandes empresas industriales en los que se nos adelantaban importantes despidos y rebajas de condiciones laborales, el Gobierno Vasco reaccionaba con comprensión ante dichos planteamientos, cuando no justificándolos. De manera especial en voz de la Consejera precisamente de Desarrollo Económico que tiene una fijación con la bajada de salarios para afrontar cualquier cosa”.
La formación de izquierdas no entiende que para problemas coyunturales se adopten estas medidas tan definitivas, especialmente en estas corporaciones que han crecido hasta convertirse en multinacionales, que han perdido su arraigo en la Comunidad, máxime cuando han durante años han recibido ayudas públicas y repartido cuantiosos beneficios. Con estas medidas “se pretende trasladar el coste precisamente a quienes menos obtienen de la actividad de las empresas, a quienes más contribuyen a la misma, a quienes son esenciales y a la vez la parte más vulnerable de las mismas, las y los trabajadores”.
Hernández ha recalcado que “No es aceptable y este Parlamento debería decir que no es aceptable” que ITP, Tubacex, Aernnova y otras empresas adopten estas medidas. Y ha cargado al Gobierno Vasco con su parte de responsabilidad directa “en la larga cuesta abajo en la que se ha convertido nuestra industria” para que comience a cambiar no solo su política industrial, con la cual se han perdido 25.000 empleos en los tres últimos años, 69.000 empleos industriales menos desde 2008 “si no también, su actitud y posición ante estas prácticas donde los intereses del capital pasan como auténticos rodillos por encima de los derechos y las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora de nuestro país”.
Un Gobierno Vasco que en su opinión es “extremadamente comprensivo con los anuncios de despidos, rebajas salariales o condiciones de trabajo y exquisitamente cómplice de las estrategias empresariales que suponen precarización o pérdidas de puestos de trabajo” con el único objetivo de mantener cuentas de resultados y tasas de ganancias de propietarios, accionistas y grandes grupos empresariales, lo que le hace cómplice del chantaje que se hace a las y los trabajadores.
Por ello ha solicitado del Parlamento un mensaje contundente de solidaridad para con las y los trabajadores y que se posicione en contra de las medidas que estas empresas están adoptando que suponen un empeoramiento de la situación de las y los trabajadores. Para ello ha declarado que “la mejor manera de afrontar los problemas de pérdida de peso de los sectores industriales en nuestro país, es utilizar la capacidad de intervención pública en la toma de decisiones y garantizar la participación de las y los trabajadores en la toma de decisiones”.
