Hace prácticamente un año, tras las elecciones generales de noviembre de 2019, se conformaba el actual Gobierno de España, el primero conformado por una coalición de partidos en el periodo democrático moderno. De igual manera, por primera vez desde la II República, ministros y ministras a la izquierda del PSOE accedían al Consejo de Ministros. No estando exento de contradicciones y asumiendo la obvia y evidente inferioridad numérica con respecto a la fuerza política mayoritaria del ejecutivo, este Gobierno ilusionó a una buena parte de la izquierda alternativa española que por primera vez veía como sus propuestas políticas iban a tener cabida y reflejo gubernamental.
Cuando el Gobierno formado por el Partido Socialista Obrero Español y la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Batzarre en el caso de Navarra echaba a rodar, en el horizonte se vislumbraban los efectos de una posible crisis económica y la ya de sobra consabida crisis política que viene sufriendo nuestro país desde allá por el año 2011. Sin embargo, ni en las más pesimistas expectativas nadie contemplaba que ese recién conformado Gobierno tuviera que hacer frente a la gestión de la mayor crisis económico-sanitaria que sufriría España desde el Golpe de Estado de 1936, para más inri, en un contexto de total comportamiento trumpista de buena parte de las derechas extremas y de las extremas derechas españolas.
Con el Gobierno aún en fase de rodaje, a mediados de marzo se decretó el Estado de Alarma y el confinamiento domiciliario, y la Covid-19 acaparó toda la actualidad política y social del momento. El ambicioso en lo social acuerdo político que Unidas Podemos habrían logrado arrancar en la negociación al PSOE parecía peligrar ante las urgencias surgidas de la pandemia, y los sectores más reaccionarios quisieron ver en la pandemia la escusa idónea para realizar una enmienda conservadora al nuevo Gobierno. Las gestión neoliberal y austericida que los Gobiernos anteriores del PSOE habían realizado de otras recesiones económicas no invitaban al optimismo, pero en esta ocasión la presencia de la izquierda alternativa en el Consejo de Ministros marcó un antes y un después en nuestra historia política.
En el peor momento inimaginable para ello, con acierto y valentía se dejaron atrás las viejas recetas del pasado que tanto daño hicieron a los y las más vulnerables en beneficio de los intereses de las grandes empresas y fortunas, y por primera vez en mucho tiempo se comenzó a legislar de forma decidida y comprometida con y para la gente corriente. La subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950€, la derogación del despido por baja médica, la aprobación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo a consecuencia de la pandemia, la regulación del trabajo a distancia, la aprobación de la feminista Ley del “solo sí es sí”, la reducción de las tasas universitarias, la regulación de la publicidad de las casas de apuestas, la aprobación de la Ley de Regulación de la Eutanasia, la superación de la LOMCE, o el paro de los desahucios sin alternativa habitacional, son algunas de las medidas valientes que han marcado el citado antes y después político.
De igual manera, hace unas semanas el Gobierno lograba consolidar la mayoría parlamentaria progresista que apoyó hace un año la investidura para aprobar así los presupuestos calificados como “los más sociales de la historia”; el gasto social crece más de un 10% acercándose a los 250.000 millones, las pensiones contributivas subirán el IPC previsto para 2021, mientras que las no contributivas lo harán el doble, las partidas destinadas a la sanidad pública crecen más de 3000 millones de euros, las becas educativas aumentan más de un 70%, se incluyen importantes dotaciones de fondos para impulsar la educación infantil de 0 a 3 años, o para mejorar la atención de personas mayores con el objetivo de transitar desde el modelo de residencias a una atención más domiciliaria.
Sin lugar a dudas, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 suponen unos cimientos fundamentales sobre los que seguir edificando una salida social y justa a la crisis de la Covid-19, centrada en las personas, y que realmente cumpla con el de sobra escuchado “no dejar a nadie atrás”.
Los firmantes de estas líneas somos plenamente conscientes de que el peso de la izquierda alternativa en el actual Gobierno de España es el que es, e incluso reconocemos que en algunas ocasiones incluso la presencia de nuestras respectivas organizaciones en el mismo puede resultar contradictoria, pero aun con todas sus limitaciones, la presencia actual de Unidas Podemos ha sido fundamental e imprescindible para edificar un verdadero escudo social que proteja a la mayoría social trabajadora en un momento tan crucial socialmente. De igual manera, somos plenamente conscientes de que a este Gobierno aún le queda mucho por hacer y muchos e importantes compromisos programáticos por cumplir, y para ello entendemos que la unidad política y la movilización social han de ser fundamentales para lograr aplacar las posibles reticencias de los sectores más neoliberales y conservadores de un PSOE demasiado acostumbrado a mirar hacia la derecha.
Este último ha sido un año difícil en el que la izquierda alternativa ha demostrado que gobernar por y para la mayoría social trabajadora es posible incluso en los escenarios más difíciles y adversos. Para el año que acabamos de estrenar, las distintas organizaciones que conformamos la heterogénea izquierda alternativa seguiremos necesitando de unidad, movilización y valentía para seguir caminando hacia ese horizonte de valores republicanos al que nosotras y nosotros no renunciamos. Y de igual manera, sobre todo, para seguir trabajando por y para un presente de igualdad y justicia social en el que a consecuencia de la pandemia nadie se quede atrás.
Idoia Villanueva, Carlos Guzmán, Iñigo Rudi, e Isabel Burbano, miembros de Podemos, IUN-NEB, Batzarre, y PCE-EPK Navarra, respectivamente.
