Ante las preguntas realizadas al Lehendakari por Jon Hernández, Secretario General del PCE-EPK en el parlamento vasco quedó una vez más en evidencia como el Gobierno Vasco se sitúa en defensa de los intereses del capital ante unos despidos injustos y absolutamente injustificados en la empresa Tubacex.
El Lehendakari justifico la necesidad de tomar medidas por parte de la empresa ante las dificultades del mercado gas and oil en el que se sitúa la empresa vasca, ante lo que Hernández le recordó que «Tubacex ha tenido millonarios beneficios hasta entrado el año 2020, Mantiene un remanente de caja de más de 170 millones de euros y sus directivos se vanaglorian en foros empresariales y ante accionistas de las buenas perspectivas a medio plazo».
Además añadió el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU que «El grupo Tubacex ha comprado recientemente varias empresas y lo ha hecho además con préstamos públicos. Acaba de llegar a acuerdos con aliados saudíes para expandirse en Oriente medio. Y a la vez pretenden vendernos que les es necesario despedir 150 trabajadores en Euskadi».
La situación de las y los trabajadores de la empresa tubacex es realmente dramática. La empresa pretende para dejar en la calle a 150 trabajadores mientras se beneficia de dinero público. Esta decisión que la empresa pretende ejecutar es innecesaria para la viabilidad de Tubacex, y es precisamente por ello una decisión absolutamente injusta. Y así debe decirse, con todas sus letras.
Este despido colectivo va a caer como un auténtico jarro de agua fría sobre una de las comarcas con mayores tasas de desempleo, lo que lo convierte en un problema de carácter general que apela de manera particular al Gobierno Vasco.
El Gobierno Vasco se ofrece a mediar cuando el conflicto está ya en ebullición y después de que los trabajadores hayan conseguido visibilizar el atropello que se pretende cometer. Y lo hacen sin coordinación, el departamento de desarrollo económico por un lado y el de empleo por otro, mal y tarde. Si se quiere estar con las y los trabajadores hay que ponerse antes con ello, a no ser que se quiera estar de perfil el máximo tiempo posible. Porque las intenciones de la empresa las conocen hace meses.
Esta empresa no tiene ningún problema de viabilidad. No tiene ningún problema de continuidad si no recurre a esos 150 despidos. No es cierto que necesite despedir trabajadores, le viene bien económicamente despedir trabajadores, que es muy diferente.
Lo que se pretende es aprovechar la pandemia para destruir empleos de cierta calidad que puedan ser sustituidos en el futuro por empleos más baratos para la empresa, y por lo tanto empleos más precarios. Ya sea aquí o en otro lugar.
El Gobierno se niega a oponerse a estos despidos con rotundidad, además de injustos, son una pesadilla para 150 familias, una desgracia para la comarca más castigada por el desempleo en nuestro país y un pésimo capítulo para la golpeada industria vasca. Además de una estafa a los más de 8 millones recibidos en ayudas públicas por parte del propio Gobierno Vasco.
A los directivos y propietarios hay que recordarles que la empresa nació en Euskadi, y que si ha ido creciendo por todo el mundo, ha sido gracias al trabajo de los obreros de las plantas que ahora quieren dejar en la calle.
Tubacex ha tenido millonarios beneficios hasta entrado el año 2020, Mantiene un remanente de caja de más de 170 millones de euros y sus directivos se vanaglorian en foros empresariales y ante accionistas de las buenas perspectivas a medio plazo. El grupo Tubacex ha comprado recientemente varias empresas y lo ha hecho además con préstamos públicos. Acaba de llegar a acuerdos con aliados saudíes para expandirse en Oriente medio. Y a la vez pretenden vendernos que les es necesario despedir 150 trabajadores en Euskadi.
El objetivo de la empresa desde un principio fue reducir los gastos de personal para incrementar los beneficios a repartir entre sus accionistas. No es una necesidad, es una agresión en toda regla a la clase trabajadora de este país, y el Gobierno Vasco se sitúa una vez más en defensa de los intereses del capital.
