La reforma tributaria planteada por el presidente Iván Duque ha sido la chispa que ha convertido el descontento generalizado del pueblo colombiano en protestas masivas por todo el país que, la policía y ejército han intentado sofocar a sangre y fuego.
El trasfondo de este estallido social viene de muy atrás: la influencia del expresidente Uribe, los incumplimientos por parte del gobierno de Duque de los Acuerdos de Paz, justo hace ahora 5 años, el problema de la tierra que dio origen a uno de los conflictos armados de la historia, etc.
Colombia ha captado por fin la atención mediática después de siete jornadas de movilización tras el Paro Nacional del pasado 28 de abril, que han sido brutalmente reprimidas por parte de las fuerzas de “seguridad” del estado. La violencia ha dejado un saldo incierto de más de 31 muertos y 1443 casos de abusos policiales, numerosos de ellos, de índole sexual contra mujeres. Y si bien el detonante ha sido una reforma tributaria injusta, la población colombiana es víctima de una violencia estructural histórica que se ha intensificado durante el Gobierno de Iván Duque. Para su población rural, sus pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, nunca ha cesado la terrible noche oscura.
1.200 líderes sociales y defensores del territorio y 270 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han sido asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016. Hay decenas de miles de personas desplazadas por la violencia; (en total más de 7.200.000 desplazados internos), han vuelto las masacres -35 en lo que llevamos de 2021- los atentados con coche bomba, los combates armados en zonas rurales alejadas, pero también en zonas pobladas; se ha intensificado el reclutamiento de jóvenes y menores de edad y las amenazas, los retenes armados y la zozobra son el día a día.
Una guerra que tiene a un pueblo -según datos oficiales hay nueve millones de víctimas- azotado por un conflicto que gira en torno al control territorial y económico de múltiples actividades extractivistas y del negocio que ha caracterizado a Colombia internacionalmente en las últimas décadas: el narcotráfico.
Pese a la imagen de conflicto que el Gobierno colombiano insiste en escenificar en instancias internacionales y que la misma Comunidad Internacional se encargó de sentenciar otorgando el premio Nobel de Paz al expresidente Juan Manuel Santos, – exministro de Defensa del Gobierno de Uribe entre 2006 y 2009, durante la intensificación de los falsos positivos– la situación del país recuerda a los tiempos de la Unión Patriótica, (más de 3500 líderes sociales asesinados, entre ellos dos candidatos a presidente), y a lo más crudo de los años noventa y dos mil, durante el auge del paramilitarismo.
El actual Gobierno, encabezado en apariencia por el ultraconservador Iván Duque –delfín del poderoso Uribe-, afirmó durante su campaña electoral de 2018 que haría «trizas» el Acuerdo de Paz. Un acuerdo que era una política de Estado, no de Gobierno, y cuyo principal beneficiario era el pueblo colombiano.
Manuel Marulanda, campesino fundador de las FARC en 1964, aseguró que «hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar, por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es, si es la vía política o es la otra». Según un informe de OXFAM de 2018, el 1% de los propietarios tiene en sus manos el 81% de la tierra colombiana y un millón de hogares campesinos viven en menos terreno que el que tiene una vaca para pastar.
El PCE-EPK, se solidariza con la lucha del pueblo colombiano, condena la represión ejercida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado sobre un pueblo que solo pide pan, paz y libertad; e insta a la Comunidad Internacional a ejercer presión sobre el gobierno de Iván Duque, especialmente a la Unión Europea, para que envíe cuanto antes una misión de observación internacional que pueda comprobar en el terreno las agresiones, vulneraciones de derechos humanos y violencia desproporcionada que las fuerzas públicas del Gobierno colombiano estan ejerciendo sobre los manifestantes para así tomar las medidas que se crean oportunas, cese la represión y se establezca un verdadero diálogo entre las fuerzas sociales y políticas, y que se cumplan los acuerdos de paz, que implicarían: Reforma rural integral, participación política: apertura democrática para construir la paz, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, acuerdo sobre las víctimas del conflicto, implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.
