21 de Octubre de 2021
Diez años después del abandono de las armas por parte de ETA, el PCE-EPK quiere recordar en primer lugar a las víctimas de la violencia y la persecución con fines políticos y en segundo lugar poner en valor la lucha de quienes siempre defendimos que las diferencias políticas existentes en la sociedad vasca debían y podían defenderse sin el recurso a la violencia y la violación de los DDHH.
Debemos alegrarnos de que en este décimo aniversario del abandono de las armas por parte de ETA, nuestra sociedad está por fin superando décadas de violencia con fines políticos, que han provocado cientos de víctimas y de vulneraciones de Derechos Humanos.
La decisión anunciada por ETA hace ahora diez años fue la consecuencia de las luchas y el clamor popular de rechazo a la violencia que durante muchos años vivió nuestra sociedad para poder iniciar un nuevo periodo en la historia de Euskadi donde los problemas históricos del pueblo vasco -de índole político, social y nacional-, puedan solventarse mediante el diálogo y la confrontación exclusivamente política en las instituciones democráticas y mediante la movilización y organización popular.
La violencia y el terrorismo en Euskadi además de provocar miles de víctimas y dolor en el País Vasco, entre ellas militantes del PCE, han impedido que el pueblo vasco pudiera organizarse eficazmente en la lucha política contra la explotación a la que el capitalismo somete a la clase obrera sin importarle la nación o nacionalidad a la que pertenezcan, al mismo tiempo que ha sido utilizada para endurecer la legislación y la práctica judicial sobre libertades públicas en toda España, como acredita la desmesurada aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo para cercenar la libertad de expresión o de opinión. Así mismo volvemos a denunciar la utilización del terrorismo de Estado en la lucha contra ETA y los abusos policiales y de la fuerza en el marco de esa lucha. Ninguna violencia política es legítima en un estado democrático.
En Euskadi y Navarra han existido, existen y existirán diferencias en torno a las identidades, las lenguas y las soberanías, al igual que sucede en otras sociedades. Pero creemos que ha habido y hay condiciones para expresar esa pluralidad de manera pacífica. Nuestro elemento diferencial ha sido la violencia injusta, injustificada e inútil, que no fue la consecuencia inevitable de un conflicto, sino la “opción deliberada” de quienes la utilizaron.
El 95% de las 829 víctimas de ETA se produjeron tras la muerte del dictador. Su violencia fue dirigida contra personas por razón de su ocupación, su forma de pensar o su militancia política y contra personas que simplemente tuvieron la desgracia de estar presentes en el lugar en el que ETA había decido atentar. Una violencia generalizada contra la mayoría de la sociedad.
Al igual que pedimos el esclarecimiento judicial de aquellos crímenes franquistas, apostamos hoy por el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación de todas la víctimas.
Al igual que pedimos el esclarecimiento judicial de aquellos crímenes franquistas, apostamos hoy por el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación de todas la víctimas. Rechazamos repetir la componenda del olvido y de la falta de esclarecimiento y justicia respecto de la violencia. Asimismo criticamos el planteamiento de una “Justicia exclusivamente punitiva”, que concibe el Derecho Penal como una versión regulada de la venganza. Nuestra alternativa, en cambio, es la “Justicia restaurativa” (como por ejemplo la vía Nanclares) que pretende reconstruir la convivencia y facilitar la reinserción mediante el reconocimiento del daño causado, el esclarecimiento de la verdad y un paso decidido en la reparación. Todo esto lo afirmamos con el más firme compromiso con un presente y un futuro que camine hacia la convivencia.
