Este 25 de noviembre se enmarca en un mes negro. La sombra del patriarcado nos amenaza en las instituciones, en nuestras casas, en las calles y en los lugares de ocio nocturno, en los centros de trabajo y de estudio.
Nuestra libertad y nuestra integridad física y mental no se respeta. Se nos mata, se nos viola, se nos explota laboral, sexual y reproductivamente, se nos acosa, se nos maltrata, nos asesinan hijos e hijas y ante esto se nos sigue cuestionando, no se nos cree e incluso se nos criminaliza con pena de cárcel, como son los casos recientes de Juana Rivas, María Salmerón o María Sevilla, por alejar sus hijos de maltratadores.
Las mujeres a lo largo de nuestras vidas podemos sufrir diferentes violencias machistas: físicas, psicológicas, económicas, sexuales y las violencias vicaria e institucional. Estas dos últimas no son nuevas, siempre han existido, aunque desapercibidas.
El PCE, en el día internacional contra la violencia de género, denuncia todas las violencias machistas y hacer especial atención a la violencia ejercida por el poder judicial machista y patriarcal.
España no tiene una legislación específica sobre violencia institucional, pero ha ratificado el convenio europeo contra la violencia contra las mujeres, conocido como Convenio de Estambul. Eso significa que la violencia institucional puede ser juzgada y condenada.
En este sentido saludamos que desde el Ministerio de Igualdad se esté trabajando para ampliar la Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia de Género a todas las violencias del Convenio de Estambul, y en un catálogo urgente de medidas como resultado del dialogo con las asociaciones y organizaciones de mujeres implicadas en la atención a las víctimas y en la lucha contra las violencias machistas.
La sociedad y las instituciones siguen sin identificar la violencia machista cuando no hay agresión física, no perciben que el maltrato psicológico puede llegar a ser devastador e incluso irreversible. Se castiga y se reprueba la violencia física, pero no se detecta o se pasa de puntillas sobre una estrategia del maltratador como es el uso de la manipulación y el victimismo.
Es urgente que las instituciones amplíen su formación en todas las formas de violencia de género, aumenten los recursos de atención especializada que ayuden a identificar esta violencia, su intencionalidad, sus mecanismos y sus consecuencias. Dotar a las mujeres víctimas de maltrato psicológico de credibilidad y devolverlas la vida que les ha sido robada.
Denunciamos la violencia vicaria, la utilización de los hijos e hijas para continuar la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Una de las formas más extremas de violencia machista. Una violencia extendida y oculta, donde en ocasiones los maltratadores acaban matando a los hijos y las hijas.
Un maltratador no es un buen padre, a través de este tipo de violencia machista deshumanizan a los hijos e hijas que pasan a ser el objeto que les permite provocar el dolor extremo en las madres. Un dolor extremo que saben que persistirá durante toda la vida, un dolor que hace que las mujeres se puedan sentir culpables por no haber sabido proteger a sus hijas e hijos.
Denunciamos que no se actúe desde las instituciones hasta que se produce el asesinato de un niño o una niña, porque la violencia vicaria es un largo proceso de violencia de género, que al igual que otras manifestaciones machistas, incluye la violencia física, económica y, siempre, la del control sobre las mujeres.
Una violencia que cuenta con un gran respaldo de las instituciones y del sistema judicial: Juana Rivas, Sara, María Sevilla, María Salmerón, Patricia González, María Ugarte, Ana María Bayo, Silvia Aquiles, María Isabel Martínez, Verónica Saldaña, Daria Sidorkevich, Bárbara, Beatriz… entre muchas otras, son víctimas de este tipo de violencia.
Algunas de ellas han visto cómo sus maltratadores asesinaban a sus hijos o hijas, a otras se les ha retirado la custodia por atreverse a denunciar por maltrato y abuso infantil a los agresores. Agresores que muchas veces la justicia ha amparado bajo el derecho de los padres a visitar a sus hijos e hijas, derecho que a un maltratador le debería ser negado.
Estas situaciones de injusticia machista demuestran que el patriarcado sigue presente en el poder judicial y que urge la protección legislativa de las mujeres y los y las menores frente a la violencia machista.
El PCE lucha para evitar que la mitad de la población siga humillada, vejada, coaccionada, violada, o asesinada sin una respuesta contundente y eficaz de los poderes públicos.
Es imprescindible que la violencia institucional y la violencia vicaria estén recogidas dentro de la Ley Integral, por lo que implica de asunción de responsabilidad del Estado, por acción o por omisión, de un fenómeno que afecta a una de cada 10 mujeres y que se ha cobrado la vida de miles de nosotras.
Juguemos bien la partida. ¡Jaque mate al patriarcado criminal!
