Miles de personas han llenado este domingo las calles de las capitales vascas convocadas por los sindicatos para denunciar el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública en Euskadi como consecuencia de las políticas de adelgazamiento y privatización impulsadas por el PNV junto con sus socios del PSE desde hace años. La pandemia ha mostrado las graves carencias que ya venían denunciando las trabajadoras y los trabajadores antes de la llegada del virus y que ahora han puesto en jaque a la respuesta asistencial de la sanidad pública vasca. En los últimos meses se han interrumpido una vez más consultas e intervenciones no urgentes en los hospitales y la atención primaria se ha visto absolutamente desbordada, lo que ha colmado la paciencia de la ciudadanía de la comunidad autónoma.
En 2019 los sindicatos convocaron varías movilizaciones importantes ante una situación que calificaban ya por aquél entonces de insostenible. El gasto sanitario había caído un 7,28% del 2009 al 2018. Las desinversiones fueron brutales en la atención primaria, con una disminución del 14,13%, y con una visión gerencialista y hospital centrista de la salud que se traduce en un gran desequilibrio en la inversión entre ambas.
En 2020, en plena pandemia, los sindicatos convocaban una huelga general en la sanidad pública vasca. Una huelga convocada tanto por los sindicatos de clase (CCOO, UGT, LAB, ELA, ESK…) como por los sindicatos profesionales como SATSE o el Sindicato Médico de Euskadi, en la que denunciaban que los profesionales ya no podían más ante una situación donde la plantilla, además de ser insuficiente, sufre una inaceptable temporalidad que supera el 40%, la mayor de todo el Estado.
En Euskadi el gasto en sanidad en relación al PIB se sitúa un punto por debajo de la media española y lejos de la media europea, aunque el gobierno vasco suele sacar pecho defendiendo su gestión. Pero más allá de los números está el modelo diseñado para beneficiar a los sectores privados a costa de los recursos públicos. A través de las externalizaciones de todo tipo de servicios, las derivaciones a clínicas privadas con la argumentación de reducir las listas de espera o la concertación de servicios con empresas privadas, los presupuestos de salud de Euskadi acaban derivando miles de millones al sector privado mientras se renuncia a invertir en desarrollar la capacidad asistencial del sector público.
Este modelo al final tiene como consecuencia el adelagazamiento de la sanidad pública aún cuando se aprueben subidas en el gasto presupuestario o se convoquen determinadas ofertas de empleo público, siempre insuficientes. Y en paralelo tiene como consecuencia el engorde de todo tipo de empresas privadas que viven de los recursos de la sanidad pública, tanto empresas sanitarias como empresas de servicios, y que son la cauda final por la que no se potencia la sanidad pública tal y como la necesitamos para dar respuesta a las necesidades en materia de salud de la población.
Si ahora han salido a la calle miles de personas en Euskadi no ha sido por los problemas generados por la pandemia sino porque ha puesto de manifiesto para mucha más gente los problemas que ya venían denunciando las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad pública. Hoy son muchas y muchos más los que le han lanzado un claro mensaje al gobierno vasco sobre la necesidad de cambiar el modelo: se debe potenciar lo público y abandonar un modelo diseñado para dar una atención mínima y procurar clientes y recursos a la sanidad privada en cualquiera de sus formas a costa de no desarrollar la sanidad pública.
