La reforma laboral, ya vigente por vía del Real Decreto desde el pasado 28 de diciembre, pactada en el diálogo social bajo el liderazgo de la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz Pérez, tras 9 meses de intensa negociación entre los sindicatos, los empresarios y el ministerio, ha sido convalidada por una ajustada mayoría en el Congreso de los Diputados.
Esta importante reforma supone un drástico cambio en las relaciones laborales de nuestro país en favor de la clase trabajadora, al hacer frente a la precariedad y temporalidad, tendiendo hacia un modelo de contratación estable e indefinida y de empleo estable y con derechos.
La primera muestra de los efectos de la nueva norma se ha notado durante su primer mes de vigencia, con la cifra record de 238.672 de contratación indefinida, que representa un 15%, en el mejor mes de enero de la serie histórica.
En su contundente discurso en defensa de la nueva reforma laboral, sobre cómo va a extender la contratación indefinida, Yolanda Díaz ha anunciado una de las principales razones de la reforma en favor de las personas trabajadoras: “La contratación indefinida es ya la norma en nuestro país. Y la contratación temporal deberá estar plenamente justificada».
Como ha afirmado la Ministra de Trabajo, lo que se discutía y validaba en el Congreso era que «ocho millones de contratos pasarán a ser estables” y, contestando algunas banalizaciones que se han escuchado estos días, “ocho millones de contratos, señorías, son personas, no son humo. Créame, esos ocho millones de personas se merecen tener un trabajo decente».
Una reforma que causaliza la contratación temporal y la restringe a situaciones muy concretas, limitando el contrato de obra y servicio y el de formación, además de penalizar duramente los contratos de corta duración. Otra medida esencial será el refuerzo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para controlar la contratación temporal. Como ha afirmado Yolanda Díaz: «Muchas empresas encontraban rentable defraudar, pues la multa era única. Ahora los infractores deberán afrontar multas de hasta 10.000 euros por cada persona trabajadora contratada irregularmente«.
Otro de los elementos clave de la reforma es el reforzamiento de la posición de los trabajadores y los sindicatos en la negociación colectiva para avanzar y garantizar los derechos, recuperando la ultraactividad, la prevalencia de los convenios sectoriales y la de los convenios de empresa o sectoriales en los casos de subcontratación. Lo que va a suponer, y ya está suponiendo en la práctica, importantes incrementos salariales, contratos indefinidos y mejoras laborales en los sectores de la clase obrera más golpeados por la precariedad y los bajos salarios. Con subidas salariales que van desde los 5.300€ anuales para las camareras de la hostelería o kellys hasta los 7.500€ para los transportistas.
Yolanda también ha situado cómo los ERTE quedan impresos en la nueva ley, como forma de salvaguardar los puestos de trabajo y como alternativa a los despidos. La legislación laboral normaliza así este mecanismo de protección social que en plena pandemia ha salvado a más de 550.000 empresas y a más de 3,6 millones de trabajadores (de los que el 97% han vuelto a su puesto de trabajo), frente a los solo 30.000 mil trabajadores afectados por los ERTE y los millones de despidos y miles de EREs que desolaron a la clase trabajadora en cifras de seis millones de parados durante la época de Mariano Rajoy.
Hoy es un día importante para la clase obrera. Como vemos por las medidas y las cifras contundentes, queda demostrado que la reforma laboral no responde a ningún “proyecto personal” ni es “humo”, “maquillaje” o “una norma insignificante» sino que es una clara mejora de los derechos de la clase trabajadora. El tamaño de esta reforma es trascendental para el presente y el futuro de la clase obrera y para reforzar al movimiento sindical. A aquellas fuerzas políticas que se reclaman de la izquierda y han votado en contra les será muy difícil explicar si su posición contraria a la reforma laboral responde a la defensa de los intereses de la clase obrera o a otro tipo de intereses más vinculados a sus proyectos políticos o sindicales.
