Este miércoles las trabajadoras de Altan Bernedo, que llevan ya 87 días en huelga, llevaron su situación y reivindicaciones a la Comisión de Trabajo y Empleo del Parlamento Vasco. Las representantes de las trabajadoras reclamaron una implicación institucional que ayude a alcanzar un acuerdo en torno al convenio que asegure unas condiciones de trabajo dignas.
Durante la comparecencia el Secretario General del PCE-EPK Jon Hernández, portavoz de la coalición Elkarrekin Podemos-IU en la Comisión de trabajo y empleo, aseguró que el conflicto que mantiene a las trabajadoras de la farmacéutica en huelga por más de 80 días es de interés general porque se trata de una empresa creada con dinero público, proveedora de la sanidad pública, implantada en una zona despoblada y cuya plantilla está compuesta en su práctica totalidad por mujeres. Razones todas ellas por las que las instituciones y el Gobierno Vasco deben implicarse en el conflicto.
Hernández traslado el respaldo total a las reivindicaciones de las trabajadoras asegurando que les asiste la razón frente a la avaricia de la empresa. Aseguró que una vez más vemos la avaricia del capital pasando por encima de las condiciones de vida de las trabajadoras, hace 30 años se crea una empresa privada con dinero público y cuyo objetivo era proveer producto a la sanidad pública, y hoy tenemos una empresa propiedad de un gran grupo internacional con importantes beneficios que no es capaz de acceder a las más elementales reivindicaciones de las trabajadoras: una subida salarial asociada al IPC después de cinco años de congelación salarial y formalizar el pacto de empresa como convenio para que se fijen y garanticen los derechos de las trabajadoras una vez la reforma laboral ha recuperado la ultraactividad de los convenios colectivos”.
El portavoz de la coalición de izquierdas añadió que es intolerable aunque desgraciadamente muy frecuente, la actitud y presión ejercida por la empresa contra las trabajadoras, especialmente sustituyendo a las huelguistas por trabajadores de ETT en sus puestos, lo que es absolutamente ilegal. No se respeta el derecho de huelga y eso el Gobierno no puede permitirlo.
