Militantes del PCE-EPK asistieron ayer a la inauguración del nuevo Columbario de la dignidad en Orduña. El SG del Partido, Jon Hernández recordó que «fueron cientos de presos políticos traídos de todo el Estado quienes padecieron los horrores del campo y prisión franquista en esta localidad por la simple razón de ser comunistas, socialistas, sindicalistas o simplemente no afectos al levantamiento fascista y su posterior régimen dictatorial». Centenares murieron por las malas condiciones, de hambre y por palizas, siendo un crimen perfectamente deliberado por las «autoridades» fascistas, en este sentido Hernández recordó que «se trata de víctimas de un crimen de lesa humanidad que tiene que ser perseguido por la justicia, ya que estos crímenes ni prescriben ni son amnistiables». En referencia a que la ley de amnistía no debería ser utilizada por la justicia española como excusa para no investigar y perseguir estos terribles delitos.
El ‘Columbario de la Dignidad’ de Orduña es el primero en ponerse en marcha en Bizkaia y el segundo en Euskadi junto al de Elgoibar. El PCE-EPK también ha reivindicado en esta jornada, la necesidad de un Columbario en Araba para cuya ubicación el Partido realizará una propuesta al Instituto Gogora.
Este último columbario inaugurado está preparado para acoger los restos de 60 personas. Además, familiares de presos represaliados en Orduña han llegado expresamente para participar en este acto desde Andalucía, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y otros puntos del Estado, así como dos familias que en la actualidad residen en Gipuzkoa.
Entre 1937 y 1941, en Orduña, en el colegio de los Padres Jesuitas, se estableció un campo de concentración de prisioneros de guerra y posteriormente, en octubre de 1939, una prisión central donde fallecieron, al menos, 255 personas, 24 de ellas en el campo de concentración. Algunos de los cautivos, han apuntado, fueron utilizados como «trabajadores forzosos» para realizar diversos trabajos de construcción en la zona.
La mayoría de estos campos se clausuraron en 1939, salvo algunos, como el de Orduña (1939-1941), que pasaron a ser prisiones. Finalizada la guerra, Orduña pasó a ser parte «del engranaje de la política penitenciaria del franquismo, especialmente diseñada para quienes perdieron la guerra
