El fondo de inversión Azora conocido por ser ejecutor del intento de desahucio de más de 30 familias en el barrio donostiarra de Gros es el reciente comprador al Grupo Amenabar de la concesión para la explotación de Termibus y de la estación de Donostia.
Artículo de Xabier Jiménez. Concejal de Ezker Anitza-IU en Bilbao y miembro del Comité Nacional del PCE-EPK.
Seguramente si alguien comenzara un artículo con la pregunta de qué tienen en común un polideportivo, una estación de autobuses y unas viviendas de alquiler con vecinas amenazadas de desahucio, la persona lectora pensaría que estamos ante una adivinanza absurda o un chiste malo.
Por el contrario, la respuesta correcta es el fondo de inversión Azora, una sociedad con miles de millones en capital, conocida por ser el ejecutor del intento de desahucio de más de 30 familias en el barrio donostiarra de Gros, pero también el reciente comprador al Grupo Amenabar de la concesión para la explotación de Termibus hasta 2057, incluyendo los ingresos derivados de los cánones de gestión de los autobuses con origen o destino Bilbao, del parking de 526 plazas, así como de una zona comercial de 850 m2 anexa.
De hecho, el del soterramiento de Termibus y la construcción de la nueva estación fue uno de las polémicas más sonadas, ya que la construcción se adjudicó a través de un procedimiento denominado “dialogo competitivo” a través del cual, la administración (Ayuntamiento de Bilbao) elabora el pliego de prescripciones para el concurso después de haber escuchado a las empresas que van a presentarse al proceso de adjudicación. A cambio, por lo general, la empresa adjudicataria suele obtener en vez de dinero en metálico, la concesión (y los beneficios) de la explotación de las instalaciones para varias décadas, cubriendo con creces el coste e inversión inicial que tienen que realizar. Unos beneficios que se van a bolsillos privados por la explotación de infraestructuras de titularidad pública.
Podemos decir, por tanto, que las empresas participan de forma indirecta de la elaboración del propio pliego en un procedimiento que si bien es legal, deja desde luego importantes lagunas, pues son juez y parte, en el ámbito de la transparencia.
Una transparencia que brilló por su ausencia precisamente en la obra de construcción de la estación de autobuses, que el gobierno municipal cifró en 22 millones, aunque estudios como el ingeniero Ander Tena, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas de la UPV/EHU, ponen en duda ese importe pues cuantificó la obra en 8,2 millones de euros. Una diferencia que sin duda alguna acabó en los bolsillos de alguna constructora, y la propia Azora, que ha adquirido los derechos de explotación hasta 2057.
Pero la relación de este fondo buitre con Bilbao no acaba en Termibus. Porque la empresa está inmersa también en el proceso de adjudicación de las obras del nuevo pabellón de La Casilla y su entorno, junto a otras 6 empresas, entre las que se encuentran conocidas marcas vinculadas al mundo “del deporte y la actividad física” –nótese la ironía- como FCC o Murias. En esta ocasión, una vez más se vuelve a recurrir al método del “dialogo competitivo” para diseñar el pliego que se licitará posteriormente. Concretamente, a cambio de la gestión durante 40 años del polideportivo, las actividades de ocio complementarias desarrolladas en el nuevo equipamiento municipal y el aparcamiento subterráneo. Una explotación que tiene que superar con creces los 17,5 millones de euros en los que cifra la obra el propio ayuntamiento.
Una vez más, constructoras y fondos de inversión que se van a quedar con una infraestructura pública, rentable (las empresas y los fondos buitre no invierten para no sacar beneficio) e importante para la ciudad y su entorno, como es el polideportivo de La Casilla.
Con la estación de autobuses gestionada por un fondo que desahucia en Donostia, y optando junto a otras constructoras a gestionar una instalación deportiva que debería ser pública e incorporarse a la red de polideportivos de Bilbao Kirolak, como el resto de las instalaciones deportivas de Bilbao, lo que queda patente es que el PNV con la connivencia del PSE ha iniciado una escalada que apuesta por la privatización de espacios e instalaciones públicas estratégicas para la ciudad.
Es una apuesta de carácter ideológico en el que hay una clara transferencia de capital desde lo público a lo privado a través de los beneficios que, durante los años de concesión, van a tener esas empresas. Y supone un estadio más en el pensamiento y la praxis neoliberal, donde ya no se discute qué es más rentable y eficiente, si la gestión pública o la privada, sino que directamente se entrega a lo privado la gestión de lo público, para que estos hagan un negocio redondo. Es la renuncia de la administración (el ayuntamiento) a gestionar lo que es suyo, bajo la falsa premisa de que las obras nos van a salir “gratis”.
Estos dos ejemplos palmarios suponen un peligroso precedente, en los que se está dejando a las empresas y por tanto, intereses privados al mando de lo público. Fondos, constructoras que gestionan o venden derechos de gestión sobre infraestructuras relevantes de la villa como si de un mercado persa se tratara con el único objetivo de cuadrar o ampliar sus pingües beneficios.
PNV y PSE han abierto la puerta a las empresas privadas que anteponen sus intereses económicos a la prestación de unos servicios públicos de calidad que generen empleo estable y con derechos. Lo han hecho, hasta en lo más político y característico de un gobierno municipal; su Plan de Mandato, que desde 2015 realiza Deloitte.
Parafraseando a Salvador Allende en su famosa alocución en pleno golpe de estado en Chile: Va siendo hora de echar a los mercaderes del templo.
