El ciclo de movilizaciones en el Metal de Bizkaia más reciente deja también una estela de represión sindical en los tribunales como demuestra la citación a varios sindicalistas de CCOO, UGT y LAB en los juzgados de Barakaldo para declarar por los supuestos delitos atribuidos en el atestado de la Ertzaintza correspondiente a una movilización frente a la sede de Tecuni, empresa que dirige la presidenta de la patronal del Metal, Tamara Yagüe, en concreto, coacciones, desórdenes públicos y desobediencia.
Un montaje más para criminalizar las luchas de la clase trabajadora en defensa de sus derechos que ha tenido como respuesta una concentración convocada por los sindicatos firmantes del convenio del Metal de Bizkaia este miércoles frente a los juzgados de Barakaldo para reivindicar que la lucha obrera no es delito.
El PCE-EPK denuncia la represión sindical
El Partido Comunista de Euskadi-Euskadiko Partidu Komunista (PCE-EPK) ha mostrado su total su total rechazo a un nuevo capítulo de persecución sindical y de conculcación de los derechos de la clase trabajadora, como el derecho a la huelga, a la protesta y a la manifestación, a través de una estrategia de persecución a sindicalistas con detenciones, acusaciones de desórdenes y peticiones de penas injustas.
““En pleno año 2023 es totalmente inadmisible que se persiga a sindicalistas por el simple hecho de participar en acciones reivindicativas enmarcadas en el ámbito de la actividad sindical y los conflictos laborales. Bajo el pretexto de los desórdenes públicos no se pude coartar la acción sindical, y mucho menos tratar a los trabajadores como delincuentes. Estas son prácticas de otro tiempo que generan nuestra más absoluta repulsa””.
Así lo ha expresado el Secretario General del PCE-EPK, Jon Hernández, quien ha asegurado que la actitud del Departamento de interior del Gobierno Vasco es absolutamente censurable, “le tienen inquina a la activad sindical en huelgas y conflictos obreros y no se cortan en utilizar excusas para aplicar con la máxima rotundidad la persecución a los representantes sindicales y a los trabajadores”. Hernández ha mostrado su solidaridad y respaldo a los sindicalistas acusados, entre los que se encuentra un militante del PCE-EPK.
También ha lamentado que la Ley Mordaza no haya sido derogada por la falta de apoyo de algunos grupos nacionalistas con la argumentación de que le faltaban algunos elementos de reforma. En este sentido ha expresado que “se perdió una gran oportunidad para revertir medidas legales de criminalización de la protesta y seguir avanzando en lo que faltaba y en nuevos derechos, ahora seguimos bajo la ley mordaza de manera íntegra sobre nuestras cabezas”.
