Tanto el Comité regional de Aragón como el Comité provincial del PCE-EPK Navarra piden responsabilidades “políticas y técnicas” tras un nuevo episodio de falta de transparencia y control público en unas obras que ya han costado más de 400 millones de euros
Ante el nuevo comunicado de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en el que anuncia la suspensión “temporal” de los trabajos de recrecimiento del embalse de Yesa y una nueva modificación del proyecto de la obra, el Partido Comunista de España exige que tanto el Gobierno de España como el de Navarra y el de Aragón pongan el punto final a una infraestructura que en los más de 20 años que lleva activa no ha generado otra cosa que “oscurantismo, terribles sobrecostos y cerrazón institucional ante las demandas de los habitantes de las comarcas afectadas”.
En ese sentido, tras haberse reunido y tomar una posición en común, las direcciones del PCE-EPK de Navarra y del PCE-Aragón aseguran que la información ofrecida por la CHE, no realizada por propia voluntad sino por la denuncia de la Asociación Río Aragón ante una paralización “total” de las obras, da la razón a quienes en los últimos meses vienen denunciado las dudas que generan el proyecto y se la quita a quienes como la consejera de Interior del Gobierno de Navarra instaba a “no incurrir en alarmismos innecesarios” en respuesta al parlamentario de Contigo Navarra- Zurekin Nafarroa Carlos Guzmán.
Según denuncian ambas organizaciones comunistas, el “alarmismo” lo generan quienes se empeñan en ocultar información como la que aporta el programa de observación de la Tierra Copernicus, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o el Ayuntamiento de Sangüesa a través de un estudio técnico. “Alarmismo social” se genera al tratar de esconder el “descomunal gasto público” que han supuesto y todavía suponen los trabajos de recrecimiento, que cuando se puso la primera piedra en 2001 se presupuestaron en más de 100 millones de euros y que, según los datos más optimistas, se espera que no bajen de los 500 millones.
En estas dos décadas de trabajos, las comarcas afectadas se han manifestado de manera reiterada en contra de estas obras, que someten a su población a un riesgo “inaceptable” y del que han advertido varias veces los propios informes oficiales, como en el caso del movimiento de las laderas del embalse.
Para el PCE-EPK en Navarra y el PCE-Aragón, el primer y principal objetivo que debe tener tanto el Gobierno de Navarra como el de España es la “seguridad” del embalse y de los vecinos y vecinas de la zona. Y ello conlleva “transparencia, ética y valentía” a la hora de afrontar tanto las decisiones futuras, que no pueden pasar sino por la “paralización total” de la obra, como las que tienen que ver con las responsabilidades “políticas y técnicas” de quienes a lo largo de estos más de 20 años de obras han mantenido el proyecto en contra de los estudios profesionales y han “dilapidado” hasta el momento cerca de 400 millones de euros.
