Con el consabido “visto para sentencia”, pasadas las cuatro de la tarde terminó la vista oral del juicio promovido por Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en el que pedía seis años de cárcel para el periodista responsable de Cubainformación y para la asociación Euskadi-Cuba. El juicio comenzó a las 12.00 de la mañana en el juzgado 31 de Madrid. Tras rechazar el juez el intento de la acusación popular de celebrar el juicio a puerta cerrada, argumentando que en la sala había periodistas simpatizantes de los acusados, comenzó la declaración del querellante Javier Larrondo, quien, a preguntas de su abogado, se presentó como un luchador por los derechos humanos al que Cubainformación había puesto en peligro al haberle llamado “criminal de guerra”, lo cual había quedado demostrado en el propio juicio por el hecho, según dijo, de que una persona de ideología afín a los acusados (algo que presuponía por su libre cuenta y riesgo) había acudido al juzgado armado de una navaja (más que una navaja, debía tratarse de un sable, por el gesto que hizo del supuesto tamaño de la navaja en cuestión), navaja cuya finalidad debía entenderse que era atentar contra él. Delirante.
Siguió explicando el daño que le había causado el hecho de que Cubainformación le hubiese calificado como perteneciente a una familia afín a la dictadura de Batista o que se dijese de él que defendía el criminal bloqueo contra Cuba. Lo de criminal bloqueo no lo dijo Larrondo, es cosa del que firma esta crónica; él se dedicó a intentar dar pena. Larrondo afirmó que nunca había apoyado el bloqueo y que él era únicamente un activista en favor de los derechos humanos especializado en denunciar el régimen de esclavitud que sufren los médicos cubanos que viajan al exterior en misiones humanitarias. Insistió también en una supuesta neutralidad política a la que le obligaba su trabajo. Se mostró tan bueno, tan misericordioso, que él no quería que nadie fuese a la cárcel.
El abogado de la defensa, Endika Zulueta, le recordó una serie de declaraciones que ponían de manifiesto su apoyo al endurecimiento del bloqueo llevado a cabo por Trump y su animadversión hacia el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, por colaborar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsable de los peores “crímenes de lesa humanidad, un Hitler”, lo que desvirtuaba un poco su supuesta neutralidad. A la vista de su deseo de que nadie fuese a la cárcel, Zulueta le preguntó si quería retirar la acusación del delito de odio y la consiguiente pena de cárcel de seis años que estaba reclamando, a lo que Larrondo dijo, primero, que eso era cosa de sus abogados y, al insistir Zulueta, que no.
Larrondo también se explayó -haciendo gala de otra buena dosis de comedia- sobre las pérdidas económicas que le había ocasionado el artículo de Cubainformación. Pero cuando el abogado defensor le preguntó por el origen de esos supuestos ingresos perdidos respondió con un inquietante y conciso: “No estoy autorizado para hablar sobre ello”. No dijo quién le tiene que autorizar ni por qué, y eso que él es el máximo responsable de Prisoners Defenders.
El periodista y coordinador de Cubainformación, José Manzaneda, explicó el sentido figurado de la expresión “criminal de guerra” que usó en el contexto de un artículo sobre el acoso que el Gobierno de Donald Trump estaba llevando a cabo contra la población cubana, incluido el campo de la sanidad y de la cooperación médica cubanas, con la ayuda de los informes elaborados por Prisoners Defenders.
Tras la declaración de Manzaneda, el abogado de Larrondo mantuvo las peticiones de cárcel y de 50.000 euros de indemnización, el fiscal pidió la absolución y el abogado defensor que se condene en costas a los querellantes.
Endika Zulueta avaló su petición en la jurisprudencia del Supremo al estimar que concurren en este caso una utilización torticera del proceso penal en el que se pretende dañar a un adversario ideológico: a Euskadi-Cuba y su medio Cubainformación. Zulueta finalizó su exposición agradeciendo a los querellados que le hubieran permitido ejercer la labor para la que había estudiado durante cinco años y en la que llevaba trabajando 35: “defender los derechos fundamentales de las personas”.
El juicio ha puesto de manifiesto la honestidad de quienes se sentaban en el banquillo de los acusados, frente a la artificiosidad de una acusación especializada en intentar convertir los derechos humanos en un arma contra los derechos elementales de las personas.
